Una ampliación progresiva del presupuesto destinado a las Universidades Nacionales del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, la creación de un fondo anual de 10.000.000.000 de pesos para promover carreras estratégicas para el desarrollo del país y una recuperación del poder adquisitivo de los docentes y no-docentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023, son algunos de los ejes centrales del nuevo proyecto de ley de Financiamiento Universitario que elaboró el Consejo Interuniversitario Nacional junto a los gremios del sector y la representación de estudiantil (FUA).

La iniciativa, que llega hoy al Congreso de la Nación, también contempla la ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias y la garantía de un piso de recursos básico para el funcionamiento de las Universidades Nacionales.

Tomando en cuenta que el veto presidencial del anterior proyecto fue por la falta de financiamiento, esta nueva iniciativa contempla la fuente de financiación “sin crear nuevos impuestos ni generar déficit fiscal en el Estado Nacional”.

El proyecto implica una reorientación de prioridades de política pública, dándole un mayor énfasis a la educación superior, sin arriesgar el equilibrio fiscal.

“Desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior (Decreto Nº 8/2023 y Decisión Administrativa Nº 5/2024). Por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento”, dice el proyecto en uno de sus fundamentos.

“La falta de convocatorias a paritarias nacionales de los sectores docentes y nodocentes en estos últimos meses ha provocado una pérdida del valor real del salario que induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa de mantenerse esta política”, se advierte en la propuesta.

Entre diciembre del 2023 y enero del 2025, las transferencias para sueldos docentes y nodocentes se incrementaron en 103 % contra el 179 % del IPC, lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real. En el mismo período la recaudación creció 221%, destaca el proyecto en los fundamentos.

Objetivos

El incremento de la inversión en educación universitaria propuesta en esta iniciativa se destinará al logro de los siguientes objetivos:

– Afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua.

– Garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y nodocentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo.

– Desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y nodocente.

– Ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales.

– Promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad, acorde a las necesidades del desarrollo regional.

– Desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales.

– Asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades.

– Impulsar las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

– Asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita.

– Incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel.