Hoy se conmemora el 76 aniversario de la sanción de la gratuidad universitaria en Argentina, un logro obtenido en 1949 cuando, a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar este propósito.
Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Hoy la cantidad de estudiantes en las universidades nacionales supera los dos millones.
Si bien el decreto de gratuidad se confirma en 1949, las luchas por esta democratización llevaban décadas. Como antecedente se puede citar a la Reforma Universitaria de 1918. Y el camino recorrido fue extenso ya que el decreto de gratuidad del peronismo tuvo rango constitucional recién con la reforma de 1994.

En 1949, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas. Retomando las ideas de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.
Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.




