La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) recuperó una política de ingresos por concursos para cubrir cargos en el escalfón no docente que se materializó con el llamado para cubrir un total de 35 puestos de trabajo entre el año pasado y la actualidad.
Los datos fueron dados a conocer en el informe que brindó el Secretario General de la UNCo, Santiago Nuñez, en la sesión del Consejo Superior que presidió hoy el vicerrector Paúl Osovnikar.
La política de ingresos por concursos volvió a tener vigencia en la actual gestión que encabezan la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector, con una convocatoria de 5 concursos en un año para cubrir 35 cargos, de los cuales 22 forman parte de trámites que ya están finalizados o transitando la última etapa, mientras que el resto se encuentran en diferentes instancias de selección.
Se concursaron 3 cargos no docentes para la Facultad de Agrarias y 19 para diferentes dependencias de la administración central y unidades académicas del Campus Neuquén. En diferentes etapas se encuentran en marcha concursos para la cobertura de otros 13 puestos, 4 correspondientes al agrupamiento técnico profesional, 4 administrativos para las facultades de Lenguas y la de Ciencias y Tecnología de los Alimentos; y recientemente salió el concurso para otros 5 cargos en el área de resguardo patrimonial.
En su informe ante el Consejo Superior, el vicerrector brindó detalles de la reunión que mantuvo en Ushuaia el Consejo de Planificacion Regional de Educación Superior (CPRES) en la sede de la Univerisidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánticvo Sur. Osovnikar dijo que en ese encuentro se valoró la estrategia de cobertura territorial de la UNCo en la Linea Sur rionegrina con la llegada de oferta académica a cinco localidades, canalizada a través del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, la sede de la Universidad en Viedma.
Durante la sesión, también hubo un informe sobre el proyecto de presupuesto de la UNCo para el 2024 que asciende a la cifra de 38 mil millones de pesos. Ese es el número que se incoporó en el proyecto que llegó al Congreso de la Nación y explicó detalles sobre la iniciativa la Secretaria de Hacienda, Laura Porrino.
Pronunciamiento contra el negacionismo
En la sesión se aprobó una declaración de solidaridad con las víctimas del terrorismo de Estado que “han sido agraviadas” por las expresiones del candidato a presidente Javier Milei “que niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos” durante la última dictadura cívico militar.
“Resulta preocupante que un candidato a presidente sostenga que los delitos cometidos sean excesos y errores, en el marco de una guerra. Los más de 300 juicios por crímenes de lesa humanidad llevados adelante por sus jueces naturales han demostrado sus alcances en extensión territorial, organización en centros clandestinos, participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la condena en esos juicios a más de mil represores por delitos como secuestro, torturas, violación, homicidio; la restitución a la fecha de 133 hijos apropiados en el marco de la represión ilegales y la búsqueda de las abuelas más de 300 demuestran lo contrario”, dice el pronunciamiento aprobado por el Consejo Superior.
En otro pronunciamiento, en este caso surgido a partir de lo expresado por la candidata a presidente Patricia Bullrich sobre las grabaciones de conversaciones entre personas imputadas y sus defensores o defensoras, el Consejo Superior sostuvo que “resulta imperioso manifestar que el derecho a la defensa en juicio, así como su derivación lógica, el derecho a la confidencialidad de las conversaciones e información brindada y obtenida en el marco de la relación defensor/a- defendido/a, son pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno y del estado democrático de derecho”.
“Ambos derechos son principios ético- políticos ganados al calor de las luchas de la humanidad contra los regímenes autoritarios e inquisitivos, y reconocidos por los estados nacionales, que tienen su raíz hace más de 250 años y resultan un límite infranqueable al poder punitivo del estado”, agrega el documento del Consejo.
