Corren los plazos determinados por la Justicia Federal de General Roca para que el gobierno nacional, a través del ministerio del Ministerio de Capital Humano y su secretaría de Educación, responda sobre la previsión presupuestaria del 2024 para la Universidad Nacional del Comahue en el contexto del amparo impulsado por la Federación Universitaria del Comahue y admitido esta semana por la justicia.
Con la información requerida a las autoridades nacionales, la justicia determinará si los recursos, que están congelados a valores del 2023, garantizan el normal funcionamiento de la casa de estudio en el 2024, y si se vulneran derechos constitucionales.
La medida judicial fue presentada el 12 de abril y aceptada esta semana por el Juzgado Federal de General Roca. El plazo que tiene el área de Educación del gobierno para responder es de 11 días.
«La prórroga del presupuesto designado a Educación y a las universidades nacionales constituye una ilegalidad. El amparo es una herramienta más para defendernos del ajuste y devaluación actual», dijo Rocío Delarriva, presidenta de la FUC.
El recurso lo presentó la presidenta de la Federación, Consejeras Superiores del Claustro Estudiantil y el legislador rionegrino Luciano Delgado Sempé.
