“…Que a partir de la década de 1960 se inició en la República Argentina un importante proceso de planificación y desarrollo de la hidroelectricidad por parte del estado nacional, a través de las empresas AGUA Y ENERGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (AYEESE) e HIDROELÉCTRICA NORPATAGÓNICA SOCIEDAD ANONIMA (HIDRONOR S.A) que proyectaron, construyeron y operaron grandes aprovechamientos hidroeléctricos en diversos puntos del país…”
Aunque parezca irónico, este es el primer considerando del decreto 718/24 que tiene como objetivo convocar a una licitación internacional para privatizar las represas Chocón, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Es tan evidente el notable papel planificador del estado en estas obras, a través de sus trabajadores, técnicos y profesionales que hasta un presidente que dice “odiarlo” y tratar de “destruirlo desde adentro” debe reconocer que fue un hito en el desarrollo de nuestro país.
Actualmente estas centrales se encuentran prorrogadas en su concesión luego de que, durante el gobierno de Menem fueran concesionadas por 30 años, quedando en manos de grandes corporaciones, varias de ellas trasnacionales. Con el vencimiento de las concesiones se abría una oportunidad histórica de recuperar entre el estado nacional y las provincias el control de estas centrales y con ellas un recurso estratégico que tiene que ver con abastecimiento seguro y económico de energía eléctrica para el desarrollo de un país.
¿Energía como mercancía o como recurso estratégico?
Tamaña decisión tiene que ver con valorar a la energía solo como una mercancía más que se comercializa bajo las reglas del libre mercado, negando su carácter estratégico, dinamizador de la economía y que debe ser un bien accesible, un derecho para las mayorías populares.
Para ir al caso concreto de las centrales en cuestión y graficar esta situación, la generación hidráulica de la región Comahue durante el 2023 fue 12.770GWh representando casi un 10% de toda la energía eléctrica consumida durante el mismo año. Junto a las centrales de Salto Grande y Yaciretá (también hidráulicas) representan un 25% de la generación de electricidad anual del país.
Este tipo de generación limpia aporta gran confiabilidad al sistema eléctrico ya que al contar con embalses es posible tener grandes márgenes de reserva de energía para usar en el momento que sea necesario dependiendo la planificación del sistema.
Por su carácter de energía firme, sirve como base para fomentar las energías renovables, tales como las solares o eólicas que dependen en gran medida del recurso en “tiempo real”. Es decir, son el respaldo ante la variabilidad de los vientos y la radiación solar.
No es posible avanzar en el desarrollo en gran escala de estas tecnologías sin ese respaldo. Chocan de frente la necesidad estratégica (diversificar la matriz energética) con la rentabilidad de corto plazo que siempre impera en el accionar de las grandes corporaciones.
Otro aspecto que intranquiliza, y mucho, es la seguridad de las presas. Literalmente las ciudades del valle podrían quedar bajo agua si no se monitorean y mantienen adecuadamente. Se requieren cuerpos técnicos formados y dedicados a su control. La búsqueda de la rentabilidad como vector principal en la operación relegan a segundo plano aspectos fundamentales como lo es la seguridad.
Ahora bien, si hay un tema en la que la perorata de estado ineficiente no tiene demasiado asidero es justamente éste. Las centrales fueron planificadas, construidas y operadas bajo la dirección estatal. Obras monumentales pensadas para un desarrollo a largo plazo, que fue motivo de orgullo de camadas de profesionales y técnicos formados en nuestro sistema educativo.
Desde que se aplicaron políticas que desplazaron al estado de ese rol organizador y planificador allá por los 90, no hubo una sola obra más de tamaña envergadura en todo nuestro sistema eléctrico.
Cada una de estas obras tardaron en construirse entre 5 y 10 años con la participación de miles de trabajadores radicados en los pueblos donde se llevaban adelante los trabajos. Con una enorme participación de proveedores locales, empresas constructoras, manejo de tecnología muy avanzada para la época y grandes desafíos en el campo de la ingeniería y la técnica. Todo ese esfuerzo pretende ser borrado de un plumazo con este decreto.
El modelo de la concesión y los privados fracasó en la energía
Toda la teoría que estuvo en boga durante el menemismo, y que ahora sustenta el presidente Milei, que limitaba el papel de los estados a un mero control indirecto, y que el mercado pasaría a ser el medio mediante el cual se auto regule la oferta y demanda de energía, fracasó.
Se crearon organismos de control débiles, en muchos casos testimoniales ante el peso de los concesionarios, que fueron condicionado cada vez más la provisión de energía alegando siempre pérdidas o supuestos retrasos tarifarios que no permitían realizar las obras necesarias.
En el segmento de generación, sobre la base la visión privada de ganancias altas en el corto plazo se fue mutando a una matriz de generación eléctrica cada vez más dependiente de los hidrocarburos, al punto de dejar en jaque el sistema ante la pérdida del autoabastecimiento de gas iniciado en 2010.
Un modelo soberano que beneficie el desarrollo
Otra de las aberraciones de este decreto es su carácter antifederal e inconsulto hacia las provincias dueñas del recurso. Éstas ya venían trabajando en propuestas que incluían el aumento de regalías, el cobro en especias para abaratar los valores de la energía en la región Comahue y el canon por el uso del agua.
El Comahue es una región netamente exportadora de energía, y durante años fue una demanda de las provincias tener un precio diferenciado que abarate el costo de la energía en la región, para el consumo familiar, la producción y la industria. La restitución de la tarifa Comahue que justamente establecía esta diferenciación debe ser tenida en cuenta en cualquier propuesta de reforma.
Ante esta nueva avanzada reprivatizadora es necesario que distintas voces de la sociedad civil se expresen. Es necesario romper con la visión cortoplacista que muchas veces prevalece en nuestros representantes. El problema no debe ser siempre el ingreso a las arcas hasta la próxima elección. El rumbo debe ser el de garantizar energía a bajo costo para las grandes mayorías, y al mismo tiempo integrar a la energía como base de un plan de desarrollo soberano que garantice el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora sostenida en la calidad de vida de la gente.
Firmantes:
Ing. Juan Manuel Ramos – Área sistemas eléctricos,
Ing. Héctor Villemur – Área sistemas eléctricos.
Ing. Marcelo Ávila – Área circuitos y mediciones.
Ing. Cristian Wonham – Área equipos e instalaciones.
Ing. Nicolás Yañez – Área sistemas eléctricos
Ing. Gustavo Casabona – Área equipos e instalaciones.
Ing. Carlos Casarotto – Área circuitos y mediciones.
Ing. Diana Jaimovich – Área sistemas eléctricos.
Ing. Martin Bösenberg – Área sistemas eléctricos.
